Convivir se define como uno de los asuntos más difíciles para la sociedad. Aunque pudiera parecer que es una acción muy sencilla, la reunión de un grupo de personas con nada en común excepto su dirección, se ha convertido en un verdadero reto. Con frecuencia las comunidades de vecinos suelen afrontar conflictos generados por las obvias diferencias entre ellos; pero, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes que se generan en una comunidad?

 1- Ruidos molestos

Uno de los problemas más frecuentes que suelen generar serios conflictos. Incluso los expertos aseguran que al menos un 20 por ciento de las quejas se generan por esta razón. Aunque los ruidos son normales en ciertas horas del día, los problemas suelen presentarse cuando uno de los vecinos interrumpe el descanso en horas nocturnas.

 2- Irrespeto por los espacios comunes

El uso inapropiado de los espacios definidos como comunes dentro de una comunidad de propietarios es una frecuente razón de disputa entre ellos.

 3- Impagos

La demora en los pagos acordados por los vecinos de una comunidad, es también un motivo de disputa. Es preciso actuar con mucha cautela y respeto para que el propietario deudor pague su deuda sin que tenga que llegarse a juzgado y a un posterior embargo.

4- Niños y mascotas

Tener niños y mascotas en casa podría ser una causa de conflicto vecinal muy frecuente. Si los niños invaden los espacios de los vecinos para jugar y causan algún daño o las mascotas hacen alguna travesura en ellos, es motivo de discusión entre vecinos.

 5- La seguridad

Puede llegar a ser uno de los aspectos más importantes, pero también uno de los más conflictivos. Cuando se crea la necesidad de invertir en seguridad y no todos los vecinos tienen la capacidad financiera de hacerlo, provocará disgustos serios entre los propietarios.

La justicia condena a una comunidad por cortar el agua a unos trasteros usados ilegalmente como vivienda

El mismo tribunal que los declaró ilegales diez años atrás, rechaza que los vecinos se tomen la justicia por su mano, y más, cuando han estado cobrando el servicio

La Audiencia Provincial  ha condenado a una comunidad de propietarios a pagar las obras para restablecer los suministros de agua caliente y fría que había cortado a unos trasteros usados ilegalmente como áticos. A pesar de que no podían ser usados como vivienda, la resolución del tribunal rechaza que los vecinos puedan tomarse la justicia por su mano y desmontar el sistema de tuberías porque, según explica, el servicio no había sido impugnado judicialmente. De hecho, la comunidad había estado cobrando el consumo de agua a sus propietarios durante todo ese tiempo.

El conflicto entre los propietarios de los trasteros-ático y el resto de vecinos venía de lejos. En 2008, la comunidad les llevó a juicio y consiguió que la Audiencia declarara que era ilegal convertir esos espacios en zonas habitables. En dicha resolución, el tribunal afirmó que los trasteros en cuestión no cumplían «en modo alguno» la normativa mínima exigible para constituir una vivienda aunque estuvieran dotados de suministro de luz, agua y calefacción. Además, tal y como recogía la sentencia, era patente que la comunidad estaba en contra de esta situación, que habían denunciado a través de múltiples reclamaciones ante diferentes organismos públicos.

El tribunal negó además la posibilidad de legalizarlos. El hecho de que estuvieran dotados de servicios comunes y de haber contribuido a su pago no podía, en palabras del tribunal, «contribuir a legalizar una situación manifiestamente contraria a los Estatutos y la propia Ley de Propiedad Horizontal». En cambio, se les reconoció el derecho a seguir manteniendo los servicios de agua, luz y calefacción que venían disfrutando y cuyo cierre se había solicitado.

Diez años después, son los propietarios de los trasteros los que acudieron a los tribunales para impugnar el acuerdo de la comunidad que decidió cortar el suministro de agua a dichos anejos. Un pacto que fue ejecutado aprovechando las obras de rehabilitación de uno de los vecinos en su casa. La sentencia de instancia les dio la razón, anulando el acuerdo y obligando a los demás propietarios a realizar a su costa las obras necesarias para restablecer el suministro. La comunidad apeló entonces, alegando que dicha decisión estaba amparando una situación ilegal, que se trataba de una toma de agua irregular sobre la general y que se incurría en abuso de derecho. Sin embargo, la Audiencia rechaza esta argumentación y recuerda, si bien se había declarado ilegal su uso como viviendas, esos espacios tenían derecho a mantener los servicios.

¿Qué es y cuando se puede aplicar la acción de cesación?

La Ley de Propiedad Horizontal tiene previsto un procedimiento, utilizado por las comunidades de propietarios en casos de actividades molestas o insalubres. Es la llamada acción de cesación de actividades molestas o de actividades prohibidas en los Estatutos. El artículo 7.2 de la vigente Ley de Propiedad Horizontal señala expresamente que «al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

Para que esta acción tenga éxito es necesario que la actividad que se quiera paralizar sea incómoda y molesta para terceras personas del inmueble, no bastando una pequeña dificultad o trastorno; además debe ser notoria, es decir, pública y evidente.

No puede ir dirigida contra actos singulares ni esporádicos, sino que es necesaria cierta intensidad y continuidad.

La norma puede preveer sanciones importantes, como la privación del uso de la vivienda durante un tiempo determinado.

¿Vas a alquilar un piso?

Así te afecta el nuevo decreto del Gobierno

El sector inmobiliario vaticina que empeorará la situación. El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que está previsto que entre en vigor este martes (y no este sábado como estaba previsto) y que, aunque no introduce medidas para regular los precios, sí incluye novedades para incentivar la oferta y mejorar la protección de los más vulnerables.

¿Cuáles son las principales medidas para incentivar la oferta?

– Creación en un plazo de ocho meses de un índice estatal de referencia sobre el precio del alquiler de vivienda para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas fiscales (en ningún caso supone establecer sistemas de regulación de precios de alquiler)

– Establecer medidas fiscales habilitando el gravamen en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda vacía, bonificando en hasta un 95% el IBI de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden en una norma jurídica una renta limitada y eliminando el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual.

– Se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por Administraciones Públicas en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

– Se mejora la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de la vivienda turística para su regulación específica por las CCAA y se permite una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios para limitar este tipo de viviendas.

– Se favorece el acuerdo entre las partes para hacer mejoras durante la vigencia del contrato permitiendo el incremento de la renta pactada durante el resto del mismo.

¿Qué recoge el decreto para mejorar la seguridad del inquilino?

– Se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos o a 7 años si es una persona jurídica.

– Se amplía a cuatro meses el periodo de preaviso por parte del arrendador y a dos meses para el arrendatario.

– El comprador de la vivienda tiene que respetar el contrato del alquiler, esté o no inscrito.

– Se limitan las subidas anuales de la renta al incremento del IPC en todos los contratos.

– Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización deberá asumirlos el arrendador si es una persona jurídica.

– Se establece la información mínima que deberá solicitase al depositar una fianza.

¿Qué se incluye para dar apoyo a los grupos más vulnerables?

– Se mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad y se mejora y agiliza el procedimiento.

– Se clarifica la obligación de señalar día y hora del desahucio.

– Se limitan las garantías adicionales a dos meses.

– Se limita la actualización de la renta durante la vigencia del contrato, al IPC.

– No podrá pactarse la renuncia a la subrogación en caso de fallecimiento en contratos de larga duración cuando afecte a hogares vulnerables.

– Se facilitan en las comunidades de propietarios las obras de accesibilidad y se obligan cuando existen importantes ayudas públicas.

– Se permite que el arrendatario pueda acudir al procedimiento de juicio verbal en caso de reclamaciones de cantidad que sean inferiores o iguales a 6.000 euros.